En 2011 IPF estableció un «fondo jurídico” que permitiese a las ONG locales (GEN-GOB y Amics de la Terra) recurrir por vía judicial proyectos urbanísticos o de obras pública que amenazasen de forma grave el medio ambiente. En Ibiza la paralización de la urbanización de Cap Llentrisca, una zona de gran valor por su extraordinaria diversidad florística, es un ejemplo de utilización exitosa de la acción jurídica por las ONG ecologistas. El recurso a los tribunales para evitar actuaciones dañinas para el medio ambiente obliga a los responsables políticos a meditar más cuidadosamente las consecuencias de dar luz verde a proyectos urbanísticos ilegales.
Entre 2011 y 2015 IPF concedió a GEN-GOB y Amics de la Terra un total de 18.490€ para dotación de este fondo jurídico.
